Traducción completa en #1: La industria periodística española ha vivido una “tormenta perfecta” que incluye grandes deudas y la asertividad de un gobierno conservador que, bajo el presidente del gobierno Mariano Rajoy y su Partido Popular, ha atacado agresivamente las críticas públicas. El gobierno del sr. Rajoy ha sido criticado por sus oponentes por la aprobación el año pasado de la que se ha venido a conocer como “Ley Mordaza” (...)
Traducción:
En prácticamente todos los sitios, los periódicos han tenido que luchar para adaptarse a la tecnología digital y a los menguantes ingresos publicitarios.
Pero en España la rápida reestructuración de una industria en decadencia -más de 11.000 periodistas han perdido sus trabajos en siete años- ha despertado crecientes preocupaciones sobre si los periódicos más importantes han perdido su independencia editorial como consecuencia del estrangulamiento financiero.
La industria periodística española ha vivido una “tormenta perfecta” que incluye grandes deudas y la asertividad de un gobierno conservador que, bajo el presidente del gobierno Mariano Rajoy y su Partido Popular, ha atacado agresivamente las críticas públicas.
El gobierno del sr. Rajoy ha sido criticado por sus oponentes por la aprobación el año pasado de la que se ha venido a conocer como “Ley Mordaza”, que impone fuertes multas en caso de protestas políticas no autorizadas o por publicar vídeos amateur de funcionarios de policía. El jueves, un grupo de observadores internacionales de medios de comunicación, publicó un reportaje conjunto expresando su preocupación sobre la libertad de los medios en España y apelando a la derogación de la nueva ley y a la relajación del control del gobierno sobre el ente público.
Pero son las presiones no tan obvias sobre los medios de comunicación las que han incrementado la preocupación acerca de la libertad de expresión en España, y en particular acerca de si los periódicos tradicionales -hace no mucho tiempo los más influyentes del país- han sido puestos de rodillas.
Muchos en la industria dicen que la formidable combinación de presiones gubernamentales y financieras ha coartado su capacidad de cubrir el tema del conflicto de intereses entre las grandes empresas y los políticos, en un momento en el que los escándalos políticos y financieros afloran como consecuencia de la crisis de deuda en España.
“Los periódicos están en manos de los acreedores, y también en manos de los que, desde el gobierno, han convencido a esos acreedores de que los medios deben ser mantenidos con vida, en lugar de cerrar sin más por sus deudas”, dice Miguel Ángel Aguilar, un veterano periodista español que ha fundado su propia publicación, “Ahora”, en septiembre.
“Esta es una situación de dependencia que ha hecho un daño terrible a la credibilidad de los medios en este pais”, afirma.
Mientras muchos periodistas como él están compitiendo con los medios de la vieja guardia a base de montar publicaciones independientes -en su mayor parte digitales-, cuya cobertura es a menudo más agresiva, incluso ellos reconocen que su efecto hasta ahora ha sido limitado.
“Si conseguimos una exclusiva, no es lo mismo porque no llega a los kioscos”, dice Ignacio Escolar, el director de eldiario.es, un periódico digital creado en 2012 y que tiene 13.000 subscriptores.
Gran parte de las deudas contraídas por las principales publicaciones están asociadas a las inversiones hechas por los grupos mediáticos durante los años del boom en España.
Esto significa que los periódicos españoles “en la práctica han perdido independencia editorial cuando se trata de informar acerca de las grandes empresas, en particular de los bancos”, afirma Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, que dejó uno de los principales periódicos españoles, El País, hace dos años y que ahora es el jefe de la sección madrileña de “Alternativas Económicas”.
“No creo que haya habido una época peor para la libertad de expresión en España desde la muerte de Franco”, concluye.
A lo largo de los dos pasados años, los directores de los tres mayores periódicos españoles han sido cesados. Sus despidos ocurrieron entre agudas pérdidas financieras, pero también fueron consecuencia de artículos que molestaron a las élites políticas españolas.
El más conocido de estos directores, Pedro J. Ramírez, ha dicho que su despido de El Mundo fue desencadenado por su decisión de publicar unos embarazosos SMS enviados por el presidente Rajoy a su antiguo tesorero, Luís Bárcenas, poco después de que este ingresara en prisión.
La decisión de Ramírez fue parte de la investigación que hizo su periódico sobre si los millones amasados por Luís Bárcenas en cuentas situadas en paraísos fiscales estaban vinculadas a una caja B al servicio del Partido Popular que se usaba para enriquecer a políticos.
El Mundo, por su parte, responde diciendo que la salida de Pedro J. Ramírez fue de mutuo acuerdo y que estuvo conectada a las pérdidas financieras ocurridas bajo su mandato, más que a cualquier presión política o su cobertura del escándalo Bárcenas.
En octubre, Ramírez creó una nueva web, El Español, financiada con su multimillonaria indemnización y por una campaña de crowdfunding.
Ramírez argumentó en una entrevista que los medios tradicionales “ya no hacen su labor de vigilancia”. Los periódicos, afirmó, están bajo una gran presión empresarial y política, pero también sufren mayores restricciones editoriales impuestas por su propia cúpula directiva.
“Los periódicos ya no están dirigidos por sus directores, sino por gerentes que están preocupados acerca de cuentas publicitarias y que tratan de mantener buenas relaciones con el poder”, dijo Ramírez, que ha sido acompañado en su nuevo proyecto por una docena de antiguos colegas de El Mundo.
Una de ellas, María Peral, contó que quería un nuevo desafío tras ser testigo de un deterioro claro de la libertad editorial durante “una crisis que nos ha obligado a dejar fuera contenidos que podían ser perjudiciales para nuestros anunciantes o para los bancos que poseen la mayor parte de nuestra deuda”.
Casimiro García-Abadillo, que sucedió brevemente a Pedro J. Ramírez al timón de El Mundo, dijo que él también había tenido “escaso espacio de maniobra” como director del periódico, uno de los principales medios conservadores en España, en el que permanece como columnista.
“Hay un montón de caso en los que las noticias críticas sobre grandes empresas no son publicadas o salen de una manera “amigable”, afirmó García-Abadillo.
Pablo Casado, un diputado conservador que es portavoz del Partido Popular, dijo que no conocía ninguna queja por parte de periodistas sobre interferencias políticas.
“No veo ningún problema con la prensa en España”, afirmó.
Sin embargo, el gobierno ha dado pasos para incrementar su control sobre RTVE. En 2012, el gobierno de Rajoy introdujo una ley que permitía al gobierno nombrar al director de RTVE sin acuerdo con otros partidos politicos.
Mientras las cúpulas niegan que haya interferencia editorial, Alejandro Caballero Mateos, un periodista que es presidente del Comité de Informativos de RTVE, nombra una docena de ejemplos ocurridos este año sobre noticias que RTVE ha “rebajado” adrede o ignorado.
Entre ellas, se incluyen un reportaje de RTVE sobre un informe de Amnistía Internacional omitiendo las críticas sobre España, incluyendo la Ley Mordaza. RTVE, según averiguó el Comité, ignoró las noticias sobre un posible conflicto de intereses entre Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y una serie de contratos firmados por una compañía fundada por él.
En Julio el Comité denunció que RTVE “rebajó” el informe de un juez sobre una de las mayores investigaciones por corrupción en España, que implicaba a un grupo de políticos del PP de negociar comisiones de 250 millones de euros en contratos públicos.
En una respuesta remitida por correo electrónico, RTVE niega cualquier censura. Mientras el informe crítico de RTVE no fue emitido en el telediario de la noche, RTVE sostiene que fue mencionado en otros programas y en su página web.
Los negocios del señor Montoro, el ministro de Hacienda, no están bajo investigación judicial, lo que justifica no informar del tema, sostiene RTVE.
Conflictos en la redacción se han intensificado también en El País, que se estableció como el periódico español más importante cuando, a finales de los setenta, narró la transición española desde la dictadura a la democracia.
El director del periódico, Antonio Caño, desbarató recientemente un intento del Comité de Redacción para organizar un voto de confianza sobre su gestión.
En los meses pasados, el Comité de Redacción expresó preocupaciones sobre artículos que eran alterados o eliminados de la web de El País tras su publicación, incluyendo dos piezas que trataban sobre Qatar, de acuerdo con las actas internas del Comité a las que ha tenido acceso el New York Times.
Prisa, la compañía que posee El País, ha negociado una inversión por parte de una compañía qatarí.
Otros dos artículos sobre Telefónica, una compañía que es accionista de Prisa y que compró su área televisiva (Canal +) el año pasado, ayudando a Prisa a bajar su deuda hasta los 1.900 millones de euros.
La semana pasada, el señor Caño, director de El País, dijo durante una presentación que la deuda de Prisa no afectaba “de ninguna manera” el contenido editorial del periódico. Juan Luís Cebrián, el presidente ejecutivo de Prisa y cofundador de El País, también ha subrayado la independencia de la redacción: “Lo que se publica es lo que el director de El País quiere que se publique”.
Aun así, el señor Caño reconoce que los periodistas españoles trabajan en un país en el que los “poderes políticos están, francamente, muy lejos de los del Reino Unido en términos de aceptar el papel fundamental que juegan los medios de comunicación”.
Recientemente, dos periodistas dejaron El País después de una disputa sobre la alteración de un artículo acerca de los vínculos entre Telefónica y el gobierno.
“Trabajar en El País solía ser el sueño de cualquier periodista español”, dice Aguilar, que también es un columnista regular en dicho periódico, “pero ahora la gente está tan harta que se está yendo, a veces con la sensación de que la situación ha alcanzado niveles propios de la censura”.
Dentro de unos años estudiaremos cómo los medios en general y los periodistas en particular vendieron su alma al diablo en el momento en el que eran más necesarios. Lo que cuenta el artículo es ASQUEROSO, y solo con pensar en la cara de la gente en Telefónica, Moncloa, El País o El Mundo me alegra el viernes.
Aunque la situación haya empeorado, hay que recordar que los medios de comunicación españoles llevan décadas teniendo padrinos a los que no hay que ofender.
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Traducción:
En prácticamente todos los sitios, los periódicos han tenido que luchar para adaptarse a la tecnología digital y a los menguantes ingresos publicitarios.
Pero en España la rápida reestructuración de una industria en decadencia -más de 11.000 periodistas han perdido sus trabajos en siete años- ha despertado crecientes preocupaciones sobre si los periódicos más importantes han perdido su independencia editorial como consecuencia del estrangulamiento financiero.
La industria periodística española ha vivido una “tormenta perfecta” que incluye grandes deudas y la asertividad de un gobierno conservador que, bajo el presidente del gobierno Mariano Rajoy y su Partido Popular, ha atacado agresivamente las críticas públicas.
El gobierno del sr. Rajoy ha sido criticado por sus oponentes por la aprobación el año pasado de la que se ha venido a conocer como “Ley Mordaza”, que impone fuertes multas en caso de protestas políticas no autorizadas o por publicar vídeos amateur de funcionarios de policía. El jueves, un grupo de observadores internacionales de medios de comunicación, publicó un reportaje conjunto expresando su preocupación sobre la libertad de los medios en España y apelando a la derogación de la nueva ley y a la relajación del control del gobierno sobre el ente público.
Pero son las presiones no tan obvias sobre los medios de comunicación las que han incrementado la preocupación acerca de la libertad de expresión en España, y en particular acerca de si los periódicos tradicionales -hace no mucho tiempo los más influyentes del país- han sido puestos de rodillas.
Muchos en la industria dicen que la formidable combinación de presiones gubernamentales y financieras ha coartado su capacidad de cubrir el tema del conflicto de intereses entre las grandes empresas y los políticos, en un momento en el que los escándalos políticos y financieros afloran como consecuencia de la crisis de deuda en España.
“Los periódicos están en manos de los acreedores, y también en manos de los que, desde el gobierno, han convencido a esos acreedores de que los medios deben ser mantenidos con vida, en lugar de cerrar sin más por sus deudas”, dice Miguel Ángel Aguilar, un veterano periodista español que ha fundado su propia publicación, “Ahora”, en septiembre.
“Esta es una situación de dependencia que ha hecho un daño terrible a la credibilidad de los medios en este pais”, afirma.
Mientras muchos periodistas como él están compitiendo con los medios de la vieja guardia a base de montar publicaciones independientes -en su mayor parte digitales-, cuya cobertura es a menudo más agresiva, incluso ellos reconocen que su efecto hasta ahora ha sido limitado.
“Si conseguimos una exclusiva, no es lo mismo porque no llega a los kioscos”, dice Ignacio Escolar, el director de eldiario.es, un periódico digital creado en 2012 y que tiene 13.000 subscriptores.
Gran parte de las deudas contraídas por las principales publicaciones están asociadas a las inversiones hechas por los grupos mediáticos durante los años del boom en España.
Esto significa que los periódicos españoles “en la práctica han perdido independencia editorial cuando se trata de informar acerca de las grandes empresas, en particular de los bancos”, afirma Juan Pedro Velázquez-Gaztelu, que dejó uno de los principales periódicos españoles, El País, hace dos años y que ahora es el jefe de la sección madrileña de “Alternativas Económicas”.
“No creo que haya habido una época peor para la libertad de expresión en España desde la muerte de Franco”, concluye.
A lo largo de los dos pasados años, los directores de los tres mayores periódicos españoles han sido cesados. Sus despidos ocurrieron entre agudas pérdidas financieras, pero también fueron consecuencia de artículos que molestaron a las élites políticas españolas.
El más conocido de estos directores, Pedro J. Ramírez, ha dicho que su despido de El Mundo fue desencadenado por su decisión de publicar unos embarazosos SMS enviados por el presidente Rajoy a su antiguo tesorero, Luís Bárcenas, poco después de que este ingresara en prisión.
La decisión de Ramírez fue parte de la investigación que hizo su periódico sobre si los millones amasados por Luís Bárcenas en cuentas situadas en paraísos fiscales estaban vinculadas a una caja B al servicio del Partido Popular que se usaba para enriquecer a políticos.
El Mundo, por su parte, responde diciendo que la salida de Pedro J. Ramírez fue de mutuo acuerdo y que estuvo conectada a las pérdidas financieras ocurridas bajo su mandato, más que a cualquier presión política o su cobertura del escándalo Bárcenas.
En octubre, Ramírez creó una nueva web, El Español, financiada con su multimillonaria indemnización y por una campaña de crowdfunding.
Ramírez argumentó en una entrevista que los medios tradicionales “ya no hacen su labor de vigilancia”. Los periódicos, afirmó, están bajo una gran presión empresarial y política, pero también sufren mayores restricciones editoriales impuestas por su propia cúpula directiva.
“Los periódicos ya no están dirigidos por sus directores, sino por gerentes que están preocupados acerca de cuentas publicitarias y que tratan de mantener buenas relaciones con el poder”, dijo Ramírez, que ha sido acompañado en su nuevo proyecto por una docena de antiguos colegas de El Mundo.
Una de ellas, María Peral, contó que quería un nuevo desafío tras ser testigo de un deterioro claro de la libertad editorial durante “una crisis que nos ha obligado a dejar fuera contenidos que podían ser perjudiciales para nuestros anunciantes o para los bancos que poseen la mayor parte de nuestra deuda”.
Casimiro García-Abadillo, que sucedió brevemente a Pedro J. Ramírez al timón de El Mundo, dijo que él también había tenido “escaso espacio de maniobra” como director del periódico, uno de los principales medios conservadores en España, en el que permanece como columnista.
“Hay un montón de caso en los que las noticias críticas sobre grandes empresas no son publicadas o salen de una manera “amigable”, afirmó García-Abadillo.
Pablo Casado, un diputado conservador que es portavoz del Partido Popular, dijo que no conocía ninguna queja por parte de periodistas sobre interferencias políticas.
“No veo ningún problema con la prensa en España”, afirmó.
Sin embargo, el gobierno ha dado pasos para incrementar su control sobre RTVE. En 2012, el gobierno de Rajoy introdujo una ley que permitía al gobierno nombrar al director de RTVE sin acuerdo con otros partidos politicos.
Mientras las cúpulas niegan que haya interferencia editorial, Alejandro Caballero Mateos, un periodista que es presidente del Comité de Informativos de RTVE, nombra una docena de ejemplos ocurridos este año sobre noticias que RTVE ha “rebajado” adrede o ignorado.
Entre ellas, se incluyen un reportaje de RTVE sobre un informe de Amnistía Internacional omitiendo las críticas sobre España, incluyendo la Ley Mordaza. RTVE, según averiguó el Comité, ignoró las noticias sobre un posible conflicto de intereses entre Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y una serie de contratos firmados por una compañía fundada por él.
En Julio el Comité denunció que RTVE “rebajó” el informe de un juez sobre una de las mayores investigaciones por corrupción en España, que implicaba a un grupo de políticos del PP de negociar comisiones de 250 millones de euros en contratos públicos.
En una respuesta remitida por correo electrónico, RTVE niega cualquier censura. Mientras el informe crítico de RTVE no fue emitido en el telediario de la noche, RTVE sostiene que fue mencionado en otros programas y en su página web.
Los negocios del señor Montoro, el ministro de Hacienda, no están bajo investigación judicial, lo que justifica no informar del tema, sostiene RTVE.
Conflictos en la redacción se han intensificado también en El País, que se estableció como el periódico español más importante cuando, a finales de los setenta, narró la transición española desde la dictadura a la democracia.
El director del periódico, Antonio Caño, desbarató recientemente un intento del Comité de Redacción para organizar un voto de confianza sobre su gestión.
En los meses pasados, el Comité de Redacción expresó preocupaciones sobre artículos que eran alterados o eliminados de la web de El País tras su publicación, incluyendo dos piezas que trataban sobre Qatar, de acuerdo con las actas internas del Comité a las que ha tenido acceso el New York Times.
Prisa, la compañía que posee El País, ha negociado una inversión por parte de una compañía qatarí.
Otros dos artículos sobre Telefónica, una compañía que es accionista de Prisa y que compró su área televisiva (Canal +) el año pasado, ayudando a Prisa a bajar su deuda hasta los 1.900 millones de euros.
La semana pasada, el señor Caño, director de El País, dijo durante una presentación que la deuda de Prisa no afectaba “de ninguna manera” el contenido editorial del periódico. Juan Luís Cebrián, el presidente ejecutivo de Prisa y cofundador de El País, también ha subrayado la independencia de la redacción: “Lo que se publica es lo que el director de El País quiere que se publique”.
Aun así, el señor Caño reconoce que los periodistas españoles trabajan en un país en el que los “poderes políticos están, francamente, muy lejos de los del Reino Unido en términos de aceptar el papel fundamental que juegan los medios de comunicación”.
Recientemente, dos periodistas dejaron El País después de una disputa sobre la alteración de un artículo acerca de los vínculos entre Telefónica y el gobierno.
“Trabajar en El País solía ser el sueño de cualquier periodista español”, dice Aguilar, que también es un columnista regular en dicho periódico, “pero ahora la gente está tan harta que se está yendo, a veces con la sensación de que la situación ha alcanzado niveles propios de la censura”.
Dentro de unos años estudiaremos cómo los medios en general y los periodistas en particular vendieron su alma al diablo en el momento en el que eran más necesarios. Lo que cuenta el artículo es ASQUEROSO, y solo con pensar en la cara de la gente en Telefónica, Moncloa, El País o El Mundo me alegra el viernes.
#3 Dentro de unos años estudiaremos cómo los medios en general y los periodistas en particular vendieron su alma al diablo
¿Es que en algún momento su alma no les perteneció al diablo?, ¿cuándo fue eso?
objetividad, eso no se conoce en la prensa española, lo que se lleva es el forofismo y el pesebrismo.
Eso. Ahora resulta que las gilipolleces que se leen en La Razón o en ABC, son por problemas de financiación...
Salu2
#4 En realidad las gilipolleces que escriben son por la financiación que reciben.
Si se la quitaran, y tuvieran que trabajar para ganarse el pan, tal vez con algo de suerte la calidad mejoraría.
Gracias por la traducción pero podías haber comprobado primero que no estaba duplicada.
Como cambian rápidamente en España las empresas informativas, algunos se preocupan por la objetividad [EN]
Como cambian rápidamente en España las empresas in...
mobile.nytimes.comAunque la situación haya empeorado, hay que recordar que los medios de comunicación españoles llevan décadas teniendo padrinos a los que no hay que ofender.