Los familiares de las víctimas del caso Almería, o de José Luis Montañés y Emilio Martínez, muertos por disparos de la Policía en una manifestación, no tendrán derecho a indemnización porque sus asesinatos ocurrieron después de 1978. El Gobierno ha fijado este límite vía decreto ley y sin publicar el dictamen de la comisión de expertos.
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