Por tanto, asegura la magistrada, "ejercitar la acción penal frente a la Aemet como posible responsable de los 228 fallecimientos no tiene sentido y no procede la declaración como investigado contra ninguna persona, que ejerciera funciones, directivas o no, de dicha agencia". Y similar información añade respecto a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ya reiterada en otras resoluciones de la magistrada. "De igual modo ha de reiterarse en lo expuesto respecto de Miguel Polo (presidente de la CHJ).
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