El juez del Tribunal Supremo Ángel Luis Hurtado consideró que la entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, era una medida proporcional porque se trataba de un "edificio público" y de un delito de "gravedad" como es el de revelación de secretos que le atribuye Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. "La medida se estima totalmente necesaria", señaló.
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