Son los ayuntamientos y los ciudadanos quienes deben probar lo que es suyo La carga de la prueba recae sobre quien reclama un derecho. Sin embargo, en España, la lglesia Católica ha disfrutado de un privilegio sin precedentes que ha permitido invertir esta lógica fundamental. Gracias a las inmatriculaciones basadas en una simple certificación eclesiástica, ahora son los ayuntamientos y los ciudadanos quienes deben probar lo que es suyo.
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