El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona es un consorcio en el que participan el Ayuntamiento, la Diputación y el Área Metropolitana. En un informe, este organismo ve legal prohibir las compras de vivienda en zonas tensionadas cuando no sean para uso habitacional. Esta medida supondría, a efectos práctico, poner fin a la actividad por parte de los inversores. El informe asegura que "las administraciones públicas pueden intervenir en el mercado inmobiliario" y que ello encaja con la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional.
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