El hospital madrileño Gregorio Marañón lleva años adjudicando a dedo a la misma empresa la compra de los miles de sensores de pulsioximetría desechables que son necesarios para garantizar una monitorización precisa y continua del estado fisiológico de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos y cuidados intensivos. Hasta que un ciudadano les ha afeado que esto era “ilegal” y que “se han omitido los trámites esenciales de publicidad y concurrencia”. Tras diez años utilizando contratos menores, el centro licitó el pasado 8 de octubre.
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