Un año después de que Pedro Sánchez paralizara su agenda institucional durante cinco días para anunciar una reflexión sobre su continuidad al frente del Gobierno, la guerra judicial no solo no ha cesado, sino que se ha intensificado. La ofensiva de acusaciones cruzadas, querellas, filtraciones y causas abiertas ha adquirido una dimensión inédita, envolviendo tanto al Partido Popular como al PSOE y salpicando a familiares, parejas y altos cargos institucionales.
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