El intento de Ayuso por flexibilizar los controles medioambientales ha acabado convertido en un boomerang político. Lo que se presentó como una medida para agilizar trámites urbanísticos y reducir burocracia terminó chocando de frente con la legislación estatal. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recogido el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid que obliga a Isabel Díaz Ayuso a rehacer su Ley 7/2024 de Medidas para un Desarrollo Equilibrado en Materia de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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