El Gobierno está revisando varios impuestos para cumplir con el recorte de 5.500 millones que obliga la UE. Con uno de ellos, Hacienda se enfrenta a un dilema: la implantación a nivel nacional del impuesto a los refrescos azucarados, recién aprobado en Cataluña, puede bloquear una inversión de Coca-Cola en España.
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