El Gobierno exigirá a las regiones que identifiquen a los médicos que se nieguen a realizar la interrupción voluntaria del embarazo mediante un registro de objetores sanitarios. Esta es una de las medidas más polémicas que integran la nueva ley de Montero, que ha defendido esta iniciativa por cuanto «una vez que sepamos, en la vida privada y en la pública, el personal sanitario que objeta a la hora de practicar interrupciones voluntarias del embarazo, cada centro hospitalario y comunidad autónoma tendrán que garantizar que haya personal siemp
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