La medida busca descongestionar los recursos de la Administración, que en muchos casos se destinan a tramitar en paralelo el resto de permisos de proyectos que no cuentan con el punto de conexión. La capacidad pendiente tramitar (174.000 MW), es ampliamente superior a la capacidad instalada actual (118.000 MW). En este sentido, vemos mucho más relevante para el sector lo que ocurra el próximo 25 de enero, cuando expire el plazo para obtener la Declaración de Impacto Ambiental en los proyectos que iniciaron la tramitación hace más de 4 años.
Comentarios
Art 13 de un RD larguísimo
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-22685
Esta es la tercera vez que se tienen que prorrogar las tramitaciines de muchos proyectos iniciados en 2016 y años posteriores debido al atasco burocrático al no poder conseguir todos los permisos en 4 años.
#1 hay cosas que no entran en mi cabeza, son trámites que cuestan decenas o incluso cientos de veces el coste de su tramitación, ¿de verdad que no se pueden contratar personal y/o servicios para sacarlo adelante en un plazo razonable?
Estoy arto de ver cómo en la administración se subcontrata todo, incluso servicios legales, recursos de multas, redacción de leyes, etc.
O es que quizás es más fácil dejarlo correr y listo.
#2 No haria falta contratar a nadie si se reestructurasen los servicios con baja carga laboral, se elminasen duplicidades, y se formanse a los funcionarios excedentes de esos servicios en las tareas necesarias. Pero para ellos es mejor dilapidar el dinero, que el servidor publico sirva al publico.
Esperemos que esta medida sirva para desbloquear estas tramitaciones y podamos continuar a buen ritmo hacia una transición energética libre de carbono.