El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso permitió durante más de dos años que el subdirector general y máximo responsable de contratación de la Agencia para la Administración Digital, así como el director de los servicios jurídicos del organismo, operasen desde una empresa privada de su propiedad –Aqualex Boutique SL– que asesora a terceros en materia de contratos públicos y en la que ambos publicitaban su posición en las altas esferas de la Administración autonómica madrileña.
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