El pasado febrero el Supremo confirmó la pena de prisión de cuatro años y medio a la expresidenta del Parlament de Cataluña y exlíder de Junts,Laura Borràs por prevaricación administrativa y falsedad en documento oficial tras fraccionar contratos y adjudicárselos a dedo a un amigo. Su abogado solicitó al TSJC formalizar la petición del indulto y suspender la condena hasta que el Gobierno resolviera si lo concede. Ahora la fiscalía ha comunicado que no se opone a que Borrás evite la cárcel mientras se espera la decisión del Ejecutivo de Sánchez
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