El espionaje a representantes de Podemos no solo representa una intromisión ilegal en la privacidad de individuos electos democráticamente, sino que es una fotografía de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y el orden público. Este tipo de acciones, lejos de proteger a la ciudadanía, confirman que la policía española, de la mano de los jueces, generan, y tienen la voluntad de generar, desconfianza y miedo, erosionando los pilares de una sociedad democrática y plural.
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