La justicia española ha tenido que recurrir a una medida excepcional para hacer cumplir una sentencia firme por acoso sexual y laboral. Se trata de un caso de tintes inéditos porque el objetivo final de ese embargo es el Estado marroquí, a través de la cuenta bancaria de su consulado en la Región de Murcia. El bloqueo de fondos llega tras meses de un incumplimiento reiterado y contumaz del fallo judicial y de una estrategia procesal que la defensa de la trabajadora califica de “resistencia abierta a la autoridad de los tribunales”...
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