Se trata de un encargo por valor de 20 millones de euros para obras ferroviarias, concedido a una UTE liderada por la compañía, mientras se mantiene viva la investigación del Caso Cerdán, en el que se investiga si altos cargos del Ministerio de Transportes y empresas privadas tejieron una red de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas.
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