El Gobierno de Mariano Rajoy creó en 2012 un impuesto específico para gravar el combustible gastado generados por las centrales nucleares, como una de las vías de cuadrar las cuentas del sistema eléctrico en plena crisis económica. Sin embargo la norma no tuvo en cuenta que las centrales nucleares comúnmente extraen todas las barras de combustible del reactor para guardarlas en sus piscinas de almacenamiento, pero posteriormente lo reutilizan volviendo a colocarlo en el reactor para seguir produciendo electricidad.
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