En ambos casos la raíz del problema está en las tasas que las propietarias de las nucleares deben pagar para que la empresa pública Enresa asuma la multimillonaria factura de tratar sus residuos radiactivos. La normativa nacional y europea se basa en el principio de quien contamina paga, es decir, aquellos que generan un residuo deben asumir su gestión. Y en el caso de los desechos de la industria nuclear son, además de peligrosos, muy costosos de tratar.
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