Las diferencias de una pareja divorciada sobre el régimen de visitas de la única hija que tienen en común habrían servido de acicate para que dos funcionarias, madre y hermana de la mujer, revisaran presuntamente y de forma repetida los historiales clínicos y sociales del varón y su familia. Una práctica delictiva y por la que el Ministerio Fiscal solicita penas de dos años y medio de cárcel para Cristina C., excuñada del denunciante, y hasta cuatro años para la exsuegra de este.  
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