65 personas alegaron que se les negó el acceso a servicios de ocio, como bares, restaurantes y discotecas. 28 relataron que fueron discriminadas a la hora de poder acceder a la vivienda. Situaciones en los que el arrendador rechazó alquilar un piso a una familia tras enterarse de que eran gitanos. “Ante esta realidad que nos azota tiene que actuar el derecho administrativo”
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