El 5 de marzo de 2018, hace casi cinco años, la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi acudió al juicio del 'caso De Miguel', que duró todo un año, a ratificar su denuncia contra el ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, al que acusaba de haberle intentado cobrarle una comisión de 100.000 euros por mediar en la adjudicación de un contrato público. “Mi denuncia no gustó a nadie. Existen venganzas desde el principio hasta casi el día de hoy”.
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Estas palabras se interpretaron como que había quedado vetada para acceder a nuevos contratos con la Administración, como así era y como así ha seguido siendo, salvo por unos trabajos con un organismo del PSE-EE. De hecho, explicó que una “persona política” que no identificó -aunque era del PNV- le había recomendado que no se molestara en preparar concursos. Pero esos comentarios tenían también otra razón de ser: tres días antes, el 2 de marzo de 2018, se le había comunicado el inicio de una inspección fiscal, según indican fuentes judiciales.
La inspección fue ejecutada por la Hacienda de Bizkaia.
PNV en todo su esplendor
Es lo que tienen los controles aleatorios ,que no va sabes en que algoritmo se basa y quien maneja la tecla que lo enciende o lo apaga o lo usé con el comando este pringado.
"La inspección fue ejecutada por la Hacienda de Bizkaia. Se da la circunstancia de que este organismo estaba personado en el 'caso De Miguel' como una de las acusaciones por los delitos fiscales de las operaciones opacas de la trama, ya que algunas de las mercantiles implicadas tenían domicilio fiscal en ese territorio foral.