La orden, titulada «Acabar con la delincuencia y el desorden en las calles de Estados Unidos», ordena a múltiples agencias federales que dejen de financiar servicios como Housing First, Safe Consumption Sites y otras prácticas de reducción de daños. También ordena a los estados que detengan a las personas con enfermedades mentales graves, independientemente de la «capacidad forense de las cárceles u hospitales locales, estatales y federales adecuados».
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