Aparentemente el caso de Alberto González Amador era un asunto bien atado por Hacienda y un problema político para la presidenta de Madrid. Tras año y medio de investigación, la Agencia Tributaria concluyó que la pareja de Isabel Díaz Ayuso había defraudado 350.000 euros por los ejercicios del impuesto de sociedades de 2020 y 2021. Sin embargo, ocho meses después de que elDiario.es revelara la noticia, el foco está puesto sobre otras personas cuyo futuro legal y político está en cuestión, entre ellos, el fiscal general del Estado.
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