La admisión del Constitucional, que considera el caso de «especial trascendencia», obliga ahora al Parlament a remitir grabaciones, actas y documentación oficial del pleno. Este paso abre la posibilidad de consecuencias institucionales: entre ellas, una reprobación formal de Le Senne, un escenario que distintos juristas y partidos consideran cada vez más plausible.
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