El Ejecutivo autonómico se niega a crear una normativa para que la protección de esos inmuebles sea permanente porque el modelo, que ya existe en otras regiones, “degrada la calidad de las ciudades”. La región cuenta con más de 25.200 VPO, cuyo objetivo es controlar los precios a los que se vende o alquila. Pero ese número podría ser mucho mayor si no se hubieran perdido 9.871 VPO entre 2019 y 2025, porque se ha vencido su período de protección y han pasado al mercado libre con precios muy superiores a los que fueron adquiridas.
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