Muchas empresas y mutuas han recurrido a detectives privados para investigar posibles fraudes, concentrando la mayoría de sus encargos en este tipo de casos. Las investigaciones se centran únicamente en situaciones con indicios claros, por lo que no reflejan la totalidad del fenómeno. El 90% de las bajas que se investigan resultan fraudulentas, así que sindicatos como UGT advierten que esta tendencia puede criminalizar al trabajador enfermo y desincentivar la inversión en prevención y atención médica.
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