La Junta de Castilla y León aumenta en un 14% respecto al año pasado el canon que paga a la empresa encargada de todos los servicios no asistenciales. El Gobierno acordó con la empresa concesionaria un pago anual de 38 millones que se ha disparado hasta los 79 para 2016.
Todo lo no estipulado en la hoja de pliego que la Administración exige a las empresas que quieren contratar para con la Adm. Pca. no es válido. Puede (Y de hecho huele) haber un fraude a la ley, perjudicando el funcionamiento del mercado capitalista. En el concurso que se ofrece para contratar con lo público concurren varias empresas y se elige en función de criterios técnicos y económicos. Aunque no sólo el económico prima, ya el Tribunal Supremo se pronunció en este aspecto, y para la doctrina se trata de un requisito esencial pero no único. Es decir, a falta de otros requisitos, o en igualdad de condiciones se debe elegir la oferta más baja. ¿Qué pasa? Que aquí se han falseado los datos, y al final se han escogido otras empresas de forma ficticia, aleatoria, amiguista... llámelo X.
¿Quién es el perjudicado?
El contribuyente.
Lo digo así en tono jurídico-liberal para que los hipócritas que votan al "neoliberalismo" actual sepan que con sus cartas y sus reglas también están pillados por los huevos.
Comentarios
Normal, los sobres no se llenan solos.
#0 corrige el título.. que sé que lo sabes hacer mejor.
que se pactó..
#2 Hecho. Gracias.
venga, venga, circulen! todo el mundo sabe que la gestion privada es mas eficaz! circulen!
Y eso por qué? Pregunto, porque seguramente lo pactado ya llevaba el margen de sobre incluído...
#4 Eso es de sobre sabido..
Lo que regalan a sus empresas amigas luego lo recortan en médicos y medicinas.
Uff, cada día suben más los volquetes de putas.
Todo lo no estipulado en la hoja de pliego que la Administración exige a las empresas que quieren contratar para con la Adm. Pca. no es válido. Puede (Y de hecho huele) haber un fraude a la ley, perjudicando el funcionamiento del mercado capitalista. En el concurso que se ofrece para contratar con lo público concurren varias empresas y se elige en función de criterios técnicos y económicos. Aunque no sólo el económico prima, ya el Tribunal Supremo se pronunció en este aspecto, y para la doctrina se trata de un requisito esencial pero no único. Es decir, a falta de otros requisitos, o en igualdad de condiciones se debe elegir la oferta más baja. ¿Qué pasa? Que aquí se han falseado los datos, y al final se han escogido otras empresas de forma ficticia, aleatoria, amiguista... llámelo X.
¿Quién es el perjudicado?
El contribuyente.
Lo digo así en tono jurídico-liberal para que los hipócritas que votan al "neoliberalismo" actual sepan que con sus cartas y sus reglas también están pillados por los huevos.
Que hijos de puta, ¡¡cuánta gente untada!!
Dame una C! Corrupción!