A principios de este año, más de 700 centros educativos recibieron una carta de la Consejería de Educación de Madrid anunciando el nuevo Plan regional contra las drogas impuesto por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Bajo el disfraz de "prevención", el Ejecutivo regional exigía −entre otras medidas− instalar un buzón en los centros para que los estudiantes denuncien el consumo de drogas entre sus compañeros.
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