La ley universitaria de Madrid otorga la potestad última de aprobar cada gasto, por encima de rectores y gerentes, a una Oficina Económica controlada por el Consejo Social, que a su vez depende del Ejecutivo regional; Marhuenda o Mayor Oreja son algunos de los elegidos por Ayuso para presidir estos entes. Es un “asalto” a la universidad, a la autonomía que consagra la Constitución y a varias leyes orgánicas, aseguran fuentes jurídicas. El último clavo en el ataúd de la universidad pública y de calidad, añaden. El Anteproyecto de Ley (Lesuc) ...  
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