Los partidos de las Cortes acuerdan por consenso situar el listón económico de la vulnerabilidad en un ingreso familiar de 14.910 euros anuales, ampliado a 18.637 si en el hogar hay niños, víctimas de violencia doméstica, discapacitados o dependientes. Dentro de unas semanas, ninguna familia que resida en la comunidad y que cumpla esos requisitos podrá ser desalojada de una vivienda sin que antes esté previsto su realojo en otra, ni tampoco podrá verse privada de suministros básicos como la luz y el agua.
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