Ferran Bel podría enfrentarse a una pena de seis meses a dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia y denegación de auxilio. TRADUCCIÓN: #1
El abogado madrileño Eduardo Ranz ha presentado este viernes una denuncia ante el Tribunal Supremo (TS) contra el alcalde de Tortosa, el senador Ferran Bel (CiU), por incumplir la Ley de la Memoria Histórica en mantener el monumento franquista ubicado en el río Ebro, a su paso por la localidad. El abogado considera Bel autor de un delito de desobediencia y denegación de auxilio y de una falta contra el Orden Público y podría enfrentarse a una pena de seis meses a dos años de inhabilitación como establece el Código Penal. Ranz ha tenido que elevar la denuncia al Supremo por la condición de senador del alcalde de esta localidad del Baix Ebre.
Según la denuncia, el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica ordena a todas las administraciones públicas "adoptar las medidas oportunas para proceder a la retirada de los monumentos conmemorativos que supongan la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura ". "El objetivo es evitar cualquier vestigio que pueda ser causa de enfrentamiento, agravio u ofensa al modelo constitucional de convivencia", añade el escrito.
Eduardo Ranz refuerza el argumento de su denuncia con varias sentencias dictadas en este línea como la del Tribunal Supremo desestimando el recurso de la Fundación Francisco Franco contra la retirada de la estatua del dictador en 2005 de la plaza de San Juan de la Cruz de Madrid o la del juzgado Administrativo número 2 de Vigo que subraya que "la retirada de este tipo de elementos arquitectónicos no es una simple recomendación sino una específica obligación incorporada al ordenamiento jurídico".
El abogado considera que en el caso de Tortosa, el alcalde no ha adoptado las medidas oportunas para la retirada "de escudos, insignias, placas y otros objetos y menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la revuelta militar, de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura ".
Asimismo, hace referencia al informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006, que denuncia graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en España entre 1939 y 1975. El documento de este organismo europeo también concluye que las instituciones españolas proseguirá con "la supresión de monumentos, nombres de calles, placas conmemorativas y otros signos exteriores que rindan homenaje al franquismo, a sus defensores o los principales responsables de la represión".
Eduardo Ranz también ha dirigido un escrito al ayuntamiento de Tortosa pidiéndole que dicte un ordenamiento para la "retirada inmediata" de este monumento franquista.
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TRADUCCIÓN: #1
El abogado madrileño Eduardo Ranz ha presentado este viernes una denuncia ante el Tribunal Supremo (TS) contra el alcalde de Tortosa, el senador Ferran Bel (CiU), por incumplir la Ley de la Memoria Histórica en mantener el monumento franquista ubicado en el río Ebro, a su paso por la localidad. El abogado considera Bel autor de un delito de desobediencia y denegación de auxilio y de una falta contra el Orden Público y podría enfrentarse a una pena de seis meses a dos años de inhabilitación como establece el Código Penal. Ranz ha tenido que elevar la denuncia al Supremo por la condición de senador del alcalde de esta localidad del Baix Ebre.
Según la denuncia, el artículo 15 de la Ley de la Memoria Histórica ordena a todas las administraciones públicas "adoptar las medidas oportunas para proceder a la retirada de los monumentos conmemorativos que supongan la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura ". "El objetivo es evitar cualquier vestigio que pueda ser causa de enfrentamiento, agravio u ofensa al modelo constitucional de convivencia", añade el escrito.
Eduardo Ranz refuerza el argumento de su denuncia con varias sentencias dictadas en este línea como la del Tribunal Supremo desestimando el recurso de la Fundación Francisco Franco contra la retirada de la estatua del dictador en 2005 de la plaza de San Juan de la Cruz de Madrid o la del juzgado Administrativo número 2 de Vigo que subraya que "la retirada de este tipo de elementos arquitectónicos no es una simple recomendación sino una específica obligación incorporada al ordenamiento jurídico".
El abogado considera que en el caso de Tortosa, el alcalde no ha adoptado las medidas oportunas para la retirada "de escudos, insignias, placas y otros objetos y menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la revuelta militar, de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura ".
Asimismo, hace referencia al informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006, que denuncia graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en España entre 1939 y 1975. El documento de este organismo europeo también concluye que las instituciones españolas proseguirá con "la supresión de monumentos, nombres de calles, placas conmemorativas y otros signos exteriores que rindan homenaje al franquismo, a sus defensores o los principales responsables de la represión".
Eduardo Ranz también ha dirigido un escrito al ayuntamiento de Tortosa pidiéndole que dicte un ordenamiento para la "retirada inmediata" de este monumento franquista.
Tortuosas maniobras en Tortosa.
Una muestra más del centralismo opresor de Madrit contra un honrado alcalde nacionalista catalán.
La casta catalana es mas pura i leal de lo que pensáis.
que hagan lo mismo con Abel Caballero, alcalde de Vigo (PSOE) y su negativa a retirar la cruz franquista de El Castro.