La remunicipalización está en la agenda de cada vez más ayuntamientos tras años en los que la privatización ha marcado la pauta de las distintas administraciones. En 2002,el Comité de Derechos Económicos,Sociales y Culturales de la ONU declaró que “el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”. Se calcula que el 53% del suministro de agua en España está en manos de empresas privadas. Y la mayoría está controlada por unas pocas empresas,especialmente Hidraqua
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“El agua tiene que ser accesible y estar disponible independientemente de la capacidad de pago”, apunta Marín Pacheco.
“Si alguien no tiene posibilidad de asumir su coste, las administraciones han de garantizar el mínimo vital: una cantidad suficiente para vivir dignamente. Tiene que ser potable, con la calidad suficiente para poder ser consumida sin que represente un riesgo para la salud. Y tiene que ser asequible: su precio no puede depender de criterios de rentabilidad económica”.
Pago lo mismo en mi piso de Barcelona, vacío y sin consumo, con agua privatizada, que en mi piso de Sevilla, dónde vivimos 4 personas pero el agua es gestionada por una empresa municipal.
#2 del artículo:
"..la remunicipalización está en la agenda de un número cada vez mayor de ayuntamientos.
El pasado noviembre, En Comú Podem (ECP) presentó en el Congreso de los Diputados una moción para facilitar que los municipios puedan gestionar y recuperar el ciclo integral del agua. El resultado fue apretado como en pocas votaciones: 167 votos a favor frente a 165 en contra —los de PP y Ciudadanos—, y dos abstenciones por parte del PDeCAT.
La iniciativa, defendida en el pleno por Alicia Ramos, instaba al Gobierno a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la de Racionalización Local. Según explicó ECP en un comunicado, el objetivo es que los ayuntamientos “puedan gestionar todo el ciclo del agua priorizando el consumo humano” frente a los beneficios de las empresas privadas.
No es casual que el debate sobre la remunicipalización del agua lo llevara al Congreso En Comú Podém: Catalunya —donde más del 80% de la gestión del agua es privada, según plataformas como Aigua és vida— vive una situación especialmente sangrante. En Barcelona, el frente judicial para sacar adelante la remunicipalización, una de las banderas del equipo de gobierno encabezado por Ada Colau, sigue abierto. El desenlace llegará con la sentencia en firme del Tribunal Supremo sobre la legalidad de la cesión de la gestión del agua a Agbar en 2011, declarada nula en primera instancia por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en 2016.
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Los casos de Terrassa y Barcelona, junto a otros como el de Valladolid —que también remunicipalizó el servicio de agua en 2017 a través de la empresa pública Aquavall— certifican, en opinión de Luis Babiano, que “existe un debate en la sociedad sobre la necesidad de que el agua esté en manos públicas”. Pero, tal y como advierte el gerente de AEOPAS, no es suficiente: “El fracaso de la privatización es tan grande que hace falta que los políticos estén a la altura”.
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