El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha ordenado la apertura de diligencias previas ante la posibilidad de que la venta de 1860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) pudiera suponer un delito de malversación de caudales públicos o de sustracción de bienes públicos de su utilidad social.
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