En octubre de 2022 se aprobó definitivamente la ley de memoria democrática. Suponía una actualización de de la ley de memoria histórica de 2007 e incluía algunas medidas llamativas como la resignificación de Cuelgamuros, ya en marcha o la declaración de lugares de memoria. También se establecía la posibilidad de la "extinción" de fundaciones que hicieran apología del franquismo, ensalzaran el golpe de Estado o la dictadura o menospreciaran a las víctimas. El objetivo, por tanto, apuntaba a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF).