Asuntos Internos entregó un oficio en el juzgado en octubre de 2023 con tres grabaciones entre Villarejo y la número dos del PP sobre manipulación de pruebas en el caso de la caja B y otras actividades de la brigada política, pero el informe ha sido hurtado a las partes personadas en la macrocausa

“Nos marcamos la de Alvise”. Esa fue la solución que Arturo González Villaroya, asesor del grupo parlamentario de Vox en el Parlamento Europeo planteó para disolver Revuelta, la organización que nació al calor de Vox con el objetivo de convertirse en sus juventudes oficiosas y que está señalada por desvío de fondos para víctimas de la DANA.

Los conservacionistas claman contra esa propuesta, que a su juicio pondría en peligro la biodiversidad y la salud

Carlos Mur, quien firmó los protocolos, y Pablo Busca, exgerente del 112, han vuelto a eludir a la justicia y la acusación pide que se emita una orden de busca y captura

El jefe de Gabinete de Ayuso ha vertido estas acusaciones contra el presidente del Gobierno después de que este último haya defendido la labor de García Ortiz

El PSOE, acusación popular en la causa, denuncia que el juzgado 6 de la Audiencia ha ocultado durante más de dos años la existencia del informe y los audios que apuntan a Cospedal en la guerra sucia para destruir pruebas que perjudicasen a su partido, pide la reapertura del procedimiento e imputar a la exsecretaria general, a su marido Ignacio López del Hierro y al PP

Iván Espinosa de los Monteros, el ex portavoz parlamentario que abandonó la formación con la «rama liberal» en un portazo histórico, ha presentado una querella criminal contra dos miembros del «Equipo de Cumplimiento» de Vox –Juan de Dios Dávila y Cristina Navarro– por revelación de secretos, un delito que podría costarles hasta cuatro años de prisión. El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid ha admitido la denuncia a trámite de inmediato.

La Mesa del Congreso ha aceptado abrir un expediente sancionador contra el agitador de extrema derecha Bertrand Ndongo, a raíz de una denuncia de Sumar por interrumpir una rueda de prensa a finales de noviembre. Se trata de la primera denuncia de este tipo que se tramita tras la reforma del reglamento que la Cámara Baja aprobó hace unos meses para poder expulsar a los activistas ultra acreditados como periodistas.

Desde la oposición y las asociaciones de víctimas de la DANA urgen al president a que deje caer el "muro de mentiras" que blinda al ex jefe del Consell