España es un caso prácticamente único en Europa por no contar con una norma que regule a nivel estatal las relaciones entre los cargos públicos y los grupos de interés. Esto deja un terreno muy amplio de actuación a los llamados ‘lobbies’, que han proliferado en los últimos año en esta especie de limbo legal. El Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa lleva años advirtiendo a España de que debe regular esta falta de transparencia, un aviso que se intensificó este mismo año.
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