Prueba de ello es que alrededor de 50 personas se juntaban en la puerta de su pastelería para impedir entrar a los clientes, llamaban al empresario "agresor sexual" sin presentar pruebas y le exigían dinero y la retirada de las denuncias penales a cambio de dejarle en paz. El acoso fue tal que José Álvarez se vio obligado a cerrar sus dos negocios. CNT siempre definió esta estrategia como "hacer presión" para obligar a negociar. "Pero la sentencia deja bien claro que nunca hubo ningún derecho sindical", concluye Pablo.