Mientras los titulares se centran en la cúpula, en los juzgados de instrucción de toda España se filtran autos, atestados y declaraciones. Miles de ciudadanos ven expuestos sus datos y su honor en los medios antes incluso de que las partes sean notificadas oficialmente. En esos casos, nadie abre diligencias, nadie dimite y nadie se indigna.
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