Hace escasos días, el periodista Joaquín Abad ha publicado el libro "Los novios de Felipe VI" (véase un resumen en www.elnacional.cat/enblau/es/casa-real/casa-real-alquilaba-finca-en-ma ), donde afirma la homosexualidad del actual Jefe de Estado y aporta informaciones sobre una decena de relaciones que habría mantenido con hombres, y que fueron "breves pero intensas". Entre ellas una en Marrakech, para la cual Casa Real le habría alquilado una finca que le sirvió como picadero.
Lo primero que me ha dejado perplejo es que no hayan secuestrado el libro como hicieron con el famoso número de El Jueves donde Felipe copulaba con Letizia en aquella viralizada caricatura. Esto me lleva a tomármelo en serio, pues cualquier mentira (y yo diría que incluso información verídica) que afecte de modo muy negativo a la reputación de Felipe, es cuestión prioritaria para policía y jueces, que fulminarán a su autor para proteger la monarquía. Que no haya habido denuncia desde Casa Real o actuación de oficio de fiscalía, máxime cuando la base social pepera que apoya incondicionalmente a Felipe suele mirar bastante mal a los gays, me hace pensar que el periodista dice la verdad. Pero sea como fuere ¿Tiene derecho a airear que Felipe VI sea hipotéticamente gay?
Si estuviésemos en EEUU, la respuesta sería indudablemente afirmativa. Allí está absolutamente aceptado que el votante elige a su representante no sólo por su programa, sino por sus valores morales, incluidos los relativos a la moral privada. Me importa que mi congresista sea fiel a su esposa o no lleve a cabo conductas condenadas por La Biblia porque la gente que es infiel a su cónyuge no me parece de fiar, o porque creo que sólo los fervientes católicos son lo bastante rectos como para representarme sin caer en la iniquidad. Y precisamente por ello, tales informaciones tienen relevancia pública, pues son decisivas para la decisión electoral de decenas de millones de norteamericanos.
¿Y en España? Hay un caso en el que, indudablemente, la vida privada del representante público posee relevancia informativa. Y es cuando tiene incidencia en cuestiones claramente ubicadas en el interés general, como puede ser la gestión del dinero público. Si a Felipe VI le pasase lo mismo que a su padre con Bárbara Rey, esto es, que el Estado tuviese que pagar una millonada a un tío para que no largase que se acostó con él, el asunto tendría un incuestionable interés público. También si, como dice la noticia, se dedicase dinero público a proporcionarle picaderos. Si nos toca el bolsillo, nos importa.
¿Y si son relaciones homosexuales que no tienen impacto en el erario público? Aquí el tema es mucho más discutible. El Tribunal Constitucional lleva décadas sosteniendo que los derechos fundamentales a la intimidad y a la libertad de información tienden a chocar por su propia naturaleza. Y la forma de resolver esos choques consiste en asumir la prevalencia de la intimidad sobre la libertad de información cuando el ciudadano es un particular y no un personaje público (esto es, un sujeto con relevancia informativa por su cargo público o por ser generalmente conocido debido a su profesión o ubicación en el mundo del famoseo). Cuando es un personaje público, la intimidad puede ceder si se da un segundo requisito: que la información tenga relevancia pública ¿Y cuándo tiene relevancia pública? Cuando es relevante para la formación de una opinión pública libre, al afectar a asuntos de interés general que los ciudadanos deben conocer para tomar sus decisiones políticas.
Y aquí volvemos a EEUU. Digamos que hay 10 millones de españoles que consideran relevante para apoyar la monarquía el hecho de que su titular haya montado un matrimonio de pega para liarse con sus maromos mientras su esposa hace lo propio con los suyos, disfrutando ambos de una posición privilegiada que posiblemente no habrían tenido si Felipe hubiese salido del armario. El rey debe ser ejemplar, y los matrimonios concertados para heredar y luego follisquear por separado no son ejemplares ¿Convierte eso la supuesta homosexualidad de Felipe VI en un asunto de relevancia pública? ¿Prevalece su derecho a la intimidad frente al derecho de tales ciudadanos a obtener informaciones que, desde su perspectiva, son decisivas para apoyar o rechazar la monarquía? Una cuestión muy peliaguda. Yo opino que prevalece el interés informativo, pero también es verdad que soy un ferviente republicano y estoy deseando quitarme a los borbones de encima, y tal vez ese condicionante sea decisivo para formar mi criterio ¿Qué pensáis vosotros?
themarquesito 
Jaime131 
Milmariposas 
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