A ver, seamos claros desde el principio: en España, la propiedad privada es un chiste de mal gusto. Nos han vendido la idea de que uno es dueño de su casa, de su terreno, de su negocio... pero en cuanto rascas un poco, te das cuenta de que el verdadero propietario es el Estado. Y si no, intenta no pagar el IBI un par de años y dime qué pasa. Spoiler: tu casa deja de ser tuya más rápido de lo que tardas en decir "intervencionismo".
El Estado, siempre metiendo la mano
No hay escapatoria. Si tienes una propiedad, la pagas dos veces: primero cuando la compras y luego cada año en impuestos. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la plusvalía municipal, y un sinfín de tributos disfrazados de "contribuciones" te recuerdan constantemente que no eres más que un inquilino con una factura permanente. Y si en algún momento el Estado decide que tu casa le viene mejor a otro (porque "interés general"), prepárate para la expropiación.
Esto no es nuevo. En la época franquista, las expropiaciones estaban a la orden del día. La Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que sigue vigente con modificaciones, establece el procedimiento para las expropiaciones y garantiza la indemnización, aunque históricamente ha habido controversias sobre si estas compensaciones reflejan el valor real de mercado.
Hoy, con una legislación que permite al Estado embargar, expropiar y regular hasta la forma en que puedes reformar tu propio inmueble, la propiedad privada sigue siendo una ilusión.
La propiedad privada, ¿un concepto abstracto?
Nos han hecho creer que tener algo en propiedad significa que puedes hacer con ello lo que quieras. Error. La realidad es que solo posees lo que el Estado te deja poseer y bajo sus condiciones. Desde la Ley Hipotecaria hasta la Constitución, el derecho de propiedad está siempre supeditado a "la función social". ¿Y quién define qué es función social? Exacto, los mismos que te cobran impuestos y deciden cuándo te pueden quitar lo que es tuyo.
Si el Estado puede expropiar, embargar o regular tu propiedad, entonces no tienes propiedad, solo un permiso temporal de uso. Y en España ese permiso es más frágil que una promesa electoral.
España tiene una de las cargas fiscales más altas de Europa en relación a la transmisión de propiedades: el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) puede alcanzar hasta el 10% en algunas comunidades autónomas. Según datos del Banco Mundial, el coste promedio de transmisión en España es del 7,9% del valor de la propiedad, casi el doble que el promedio de la Unión Europea (4,5%) y de los países de la OCDE (4,1%).
¿Entonces, Qué Nos Queda?
Si no podemos evitar que nos sangren a impuestos, si el Estado puede meterse en cualquier propiedad cuando le convenga, ¿qué hacemos? Para empezar, hay que dejar de engañarnos. No vivimos en un país donde la propiedad privada sea un derecho real. Lo que tenemos es una simulación bien maquillada para que no nos rebelemos.
¿Soluciones? No muchas mientras el aparato estatal siga creciendo y mantenga su voracidad fiscal. Pero al menos, tener claro el problema ya es un paso. La próxima vez que alguien te diga que "España protege la propiedad privada", intenta no reírte demasiado fuerte.
Porque en este país, la única propiedad que parece sagrada es la del Estado sobre nosotros.
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