Hoy se ha hecho pública una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que condena a Fundación CEPAIM y un directivo de la misma a abonar una indemnización de quince mil euros a una trabajadora que, según declara la sentencia, padeció un prolongado acoso por parte del mismo. En la sentencia se dice que las faltas de respeto, formas autoritarias, presiones y humillaciones de este directivo hacia sus subordinados, fueron denunciadas por diversos trabajadores ante la cúpula de la ONG, que no tomó las medidas precisas para corregirlas.
La sentencia puede consultarse aquí www.poderjudicial.es/search/openDocument/c449f58cad7b1185/20180208
Cabe decir que la sentencia aun no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, si bien las posibilidades de que el recurso se admita a trámite son, a mi juicio, muy pequeñas, pues el recurso que cabría (casación para la unificación de doctrina) requiere que se aporte al Tribunal otra sentencia con hechos idénticos pero solución diferente, y en los casos de acoso laboral es prácticamente imposible encontrar dos sentencias iguales. Aparte, el Ministerio Fiscal apoyó a la trabajadora y pidió que su demanda se estimase.
Sin perjuicio de lo que pase finalmente con este caso, los que nos movemos por los juzgados de lo social solemos conocer de litigios donde trabajadores de ONGs bastante famosas demandan a sus jefes por incurrir en los mismos vicios que las clásicas empresas ansiosas por maximizar el beneficio al precio que sea. Contratos encadenados en fraude de ley para no reconocer antigüedad, imposición de categorías profesionales inferiores para pagar menos salario...e incluso jefes que hacen la vida imposible a sus subordinados, sea para exprimir al máximo su capacidad productiva a fuerza de presión, o simplemente porque se les meten entre ceja y ceja. Y cuando esos subordinados denuncian ante la cúpula de la ONG las actuaciones de sus jefes, y ésta calla, es difícil no pensar que tolera tales conductas porque le son rentables.
Se ha discutido mucho sobre si las ONGs son un negocio. Está claro que hacen un gran bien social, y que en ellas hay miles de voluntarios y trabajadores con ganas de cambiar el mundo. Igual que, en las directivas de muchas, hay gente cuyas formas y filosofía les permitirían estar en la Dirección de RRHH de cualquier multinacional. A veces, cuando hablas con ellos te dicen que hay que maximizar los beneficios para que la ONG pueda ayudar al máximo de personas, y que el fin justifica los medios. Tal vez se lo crean, o tal vez simplemente quieran que la productividad de la ONG se dispare y con ella sus sueldos.
Posiblemente, la solución se encuentre en que las ONGs con sentencias firmes por vulneración de los derechos de sus trabajadores no puedan recibir subvenciones en, por ejemplo, 5 años desde la firmeza de la sentencia. Y es que, en todos los sentidos y contextos, poderoso caballero es Don Dinero.