Varias comunidades autónomas imponen requisitos de rentas superiores a los 2.000 euros mensuales para que un ciudadano pueda acceder a una vivienda protegida, al mismo tiempo que fijan precios de alquiler al nivel del mercado libre, lo cual dificulta el acceso a un tipo de vivienda que se concibió para dar una opción habitacional a familias con bajos ingresos y de sectores más desfavorecidos o en estado de vulnerabilidad
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