Según la sentencia, la Administración deberá abonar 143,7 millones de euros más los intereses acumulados desde hace doce años, lo que eleva la cifra total por encima de los 160 millones. El fallo entiende que las cantidades invertidas por la sociedad concesionaria en la construcción del aeropuerto no fueron compensadas de forma justa cuando se rompió la concesión.
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