El Gobierno español endurece los controles sobre el empadronamiento y sancionará con multas a los inquilinos que no figuren como residentes en el municipio donde viven realmente. La medida, incluida en la reciente reforma de la Ley de Alquileres, busca actualizar los registros poblacionales y asegurar un reparto más justo de los recursos públicos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) detalla que las multas pueden alcanzar los 150 euros en las grandes ciudades,
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