El Ministerio de Industria y Energía quiere tener el control total sobre la parte del recibo de la luz que sigue estando bajo regulación administrativa. Se trata de la fijación y aplicación de los peajes de acceso, donde se incluyen los costes del transporte, distribución y primas a las renovables, entre otros, que representan en torno al 40% del precio final de la luz que pagan los consumidores.
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