La mayoría de estos pisos se encuentran en algunas de las comunidades con zonas más tensionadas por la presión turística: uno de cada tres se encuentra en la Comunitat Valenciana, con casi 22.000 páginas sin número de registro. El Gobierno ha impuesto a Airbnb la segunda mayor multa de una administración de consumo española de la historia a una empresa privada. “Cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún poder económico puede eludir sus responsabilidades”, afirmó este lunes el ministro del ramo, Pablo Bustinduy.
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