La iniciativa que tramita el Parlamento de Asturias prevé multas de hasta 600 euros a los propietarios que no entreguen el aval. Otras diez comunidades tienen registros de fianzas. La ley nacional de arrendamientos urbanos, de 1994, dejó en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de obligar a los propietarios a que le hagan entrega de la fianza de los alquileres. El objetivo es que un tercero, la administración, pueda supervisar las condiciones del contrato y la gestión del aval.
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