Un estudio reciente en Andalucía concluye que apenas hay cambios tras la norma de 2010 y aconseja más estrategias complementarias. La asociación Derecho a Morir Dignamente reclama una ley estatal que regule la disponibilidad de la propia vida y la despenalización para los profesionales. Sólo Andalucía tiene una norma desarrollada.
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