Un vertedero pensado para escombros de la construcción recibió supuestamente toneladas de basura que no estaba autorizado a gestionar en el interior de Catalunya. Este es el epicentro de una presunta red delictiva formada por cargos públicos, empresarios y funcionarios, dedicada a maximizar beneficios adulterando documentación y eludiendo el pago de impuestos por la deposición de residuos.
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